Texto completo de la Nueva Ley Nacional de la Música

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martes, 27 de marzo de 2012


Pronunciamiento de la asociación civil Músicos Convocados de Córdoba (MuCC) respecto del proyecto de ordenanza de creación de la Fundación “Instituto Municipal de Cultura”.


     Desde la asociación venimos trabajando sobre la consideración y consolidación de una serie de principios que terminen por afianzar al artista como un sujeto de derecho, capaz de ser considerado un trabajador en sentido amplio. Creemos sin dudas que la acción del Estado en este sentido, es fundamental en la medida en que se convierte en la instancia política con facultad de brindar marcos regulatorios que aseguren la inclusión social con la premisa de fomentar la participación, cada vez más vasta, de los múltiples actores de la sociedad.
    Hacia finales de 2011 y comienzos del presente, saludamos la iniciativa de la actual gestión de gobierno municipal de elevar la jerarquía del área de cultura al rango de secretaría. Creímos que la jerarquización seria acompañada de una atención presupuestaria creciente para el área. Hoy es de público conocimiento el des-financiamiento total de la secretaría y el desinterés en revertir dicha situación al encontrarnos con la ordenanza municipal que propone la creación de una Fundación para llevar adelante las políticas culturales de nuestro municipio.
     Respecto a dicho proyecto de ordenanza debemos decir que las fundamentaciones del mismo son poco claras y distan bastante de la realidad que atravesamos los actores que caminamos la cultura cordobesa. El éxito de los “modelos” de fundaciones que justificarían la creación del instituto municipal de cultura no está explicitado cabría la pregunta: ¿Dónde se crearon fundaciones? ¿Dónde funcionaron?
     A su vez, si la “industria” cultural representa una porción cada vez más importante del PBI ¿por qué el Estado no invierte en el área? ¿Ha tenido el Estado municipal una acción que acompañe el crecimiento de la cultura en la ciudad? Por el contrario el municipio ha tendido a desfinanciar sistemáticamente al sector en atención a otros y ha generado una obstaculización creciente a la concreción de espectáculos culturales, a través de medidas prohibitivas y excluyentes.
     Acompañamos la idea que la “des-capacitación del personal y la paralización de las actividades y programas así como el incumplimiento y envejecimiento de determinadas ordenanzas… ” no solo es irreal sino que es consecuencia de una política sistemática de abandono al sector. Los proyectos y programas que se han llevado a cabo se han mantenido  a pesar de la política de cultura municipal.
     Creemos que la formulación del proyecto de ordenanza no ha sido debatido de manera plural, de modo tal que involucre a los actores y protagonistas reales del sector, pudiendo lograr un proyecto con un grado de consenso e inclusión mucho mayor. Es en este sentido que comprendemos y apoyamos el reclamo de los empleados municipales de cultura cuyo trabajo en muchos casos resulta invaluable, como el de los editores, artistas callejeros, actores, artesanos, entre otros que han recorrido mucho camino y obliga al Estado a tenerlos en cuenta.
     El proyecto de ordenanza privilegia la constitución de una Fundación cuyos miembros no podrán ser elegidos de modo democrático, pudiendo darse situación de privilegio a capitales privados. La cultura es una dimensión social que debe comprender políticas públicas que acrecienten y consoliden el protagonismo de todos sus actores. Creemos que el estado es la única instancia capaz de articular en tal sentido las políticas, por lo que las legislaciones que comprenden a distintos sectores deben ser debatidas con sus protagonistas ya que esto es causa ineludible de la legitimidad de un marco normativo.
    Creemos que el estado no puede desentender funciones que le son intrínsecas. La concreción de políticas públicas del sector que fuere, debe tender al fortalecimiento de lo público en la medida en que el fortalecimiento de los derechos civiles y sociales es parte constitutiva e inalienable del estado. Este proyecto dejaría expresamente a la Cultura fuera de la Agenda de la Municipalidad, lo que significa, fuera de las garantías que la Municipalidad establece en su Carta Orgánica. Fuera del derecho y control de los ciudadanos:
·  A peticionar a las autoridades, a obtener respuestas y a la motivación de los actos administrativos.
·  A informarse y ser informados.
·  A acceder equitativamente a los servicios públicos, participar en su control y gestión.

     Como agrupación de ciudadanos que representa a los trabajadores de la cultura no aceptamos la no inversión del estado en políticas públicas, ya que el derecho a la cultura debe ser garantizado por el estado a toda la sociedad. A su vez, creemos que el quehacer cultural no se resume sólo en valores monetarios y nunca la búsqueda de fondos debe ser más importante que la democratización de las políticas públicas diseñadas por y para los ciudadanos, con el acuerdo y control de todos los sectores trabajadores de la cultura.
     Las fundaciones y otras instituciones con capitales privados, pueden existir fuera de la esfera del estado, pero nunca intentar suplirlo ya que su menester es otro.
De acuerdo a lo que hemos expuesto, expresamos:

 La urgente necesidad de financiamiento creciente del área de cultura de la municipalidad en manos del Estado y no de intereses privados.

- La formulación de políticas públicas que comprendan a sus actores fundamentales que sean debatidas democráticamente.
   
-  La retracción en el tratamiento del proyecto de ordenanza por falta de consenso y la elaboración de un nuevo proyecto que contemple las voces de todos los protagonistas.

-  Nuestra solidaridad con los empleados de cultura de la Municipalidad de Córdoba.

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